¿Qué ley nos ampara?


Adolfo Olmedo Muñoz.
Hace tiempo, en este mismo espacio y bajo el título en latín de: “Ubi Ius Ibi Societas” (Donde hay justicia hay sociedad), hablábamos de la nefasta actuación que desde hace algunos lustros, viene observando el llamado poder judicial, en todos sus niveles. Cuestión que se agrava hoy con el más perverso abandono de dicho poder judicial para con los miembros de una de muchas familias en Chihuahua, que ha sido masacrada por bestias que se esconden, supuestamente en la llamada delincuencia organizada, que casualmente -también se presume-ha sido el principal enemigo a vencer por el escaso personaje de Los Pinos.

Como se ve, el oscuro personaje de marras no sólo no ha podido contra aquellos pervertidos, sino que ha enseñado más allá de los calzones, cuando por otro lado, el ejército y la marina dan con asombrosa rapidez, con el paradero y detención de delincuentes que asesinaron a un “pocho” policía “usano” (era oriundo de USA), apellidado Zapata ¡para acabarla de joder!, y que vaya usted a saber que andaba haciendo en nuestro país, pero que fue muerto a balazos en una de nuestras peligrosas carreteras nacionales.

La justicia mexicana, en el primer caso de los cobardes asesinatos de los miembros de la sociedad, no sólo de Chihuahua, sino en todo el país, ha venido mostrando la pobreza, mediocridad, ruindad, la pequeñez (tal vez esa sea nuestra peor maldición) de nuestro sistema de gobierno, que no está basado en los principios más elementales del derecho, la justicia y la equidad, sino que actúa tras un cobarde oportunismo.

En otro caso, han sido muchos los debates luego de que un colegio de jueces, basados en vergonzosas deficiencias procesales atribuibles a los ignorantes miembros del “Ministerio Público”, que en México están tan “preparados” como los maestros del sindicato magisterial, dictaminó la libertad por “falta de méritos” del presunto homicida de una joven y su madre. ¡Sujeto que ya había confesado su culpa!, aunque en el ámbito privado, fuera de la rigidez judicial del procesal penal, por lo que los “jueces” apegándose sospechosamente a un legalismo a ultranza, dictan el auto de libertad de un homicida.

Ante ese obsequio de libertad, el homicida huyó y esta prófugo haciendo un “violín” en el rostro de la justicia mexicana, que hoy discute bizantinamente si son mejores los juicios orales (más al estilo sajón) o los “cerrados” (de tradición latina) en los que un juez, estudia y dictamina luego del análisis de un sinnúmero de pruebas, testimonios y réplicas.

Los hechos ocurridos hace más de dos meses, indignaron a la opinión pública y fueron “en su momento” repudiados por el pequeño representante del “poder” Ejecutivo, pero pasa el tiempo y ésta y las otras masacres en contra de honorables ciudadanos están quedando impunes, como un síntoma más de la mediocridad del actual gobierno federal; de la mayoría de los gobiernos estatales y desde luego de los municipales; de la mezquindad del sistema educativo; de todo el aparato judicial, además de los nefandos miembros del llamado poder legislativo. En fin, de todo ese sistema que se cae a pedazos por la ingobernabilidad de una administración surgida del supuesto experimento de bipartidismo que, impuesto desde el país del norte, obligó a México a transitar una democracia ficticia.

Ellos, los gringos, saben que trastocaron, de nueva cuenta, nuestro perfil político social, corrompiendo por un lado, pactando en otros asuntos, pero siempre manipulando a su favor, hasta que las circunstancias devienen en perjuicio de un ciudadano “usano” que ha venido a nuestro país a exponer el trasero, invadiendo ámbitos territorial y jurisdiccionales reservados tan sólo para los connacionales.

Lo anterior parece un desplante de furor patriotero, pero los hechos avalan una conducta nacionalista, que de ninguna manera le es reconocida al partido del que proviene el presidentito.

El asesinato del agente aduanal e inmigración de los Estados Unidos, Jorge Zapata, con la intervención del ejército mexicano y la marina armada, luego de una oscura labor de “inteligencia” (Desconocemos los mexicanos el “modus operandi”, quiénes son los asesores milicianos y su origen), se llegó a la captura del presunto responsable, alias el “Piolín”, quien supuestamente, “era líder de células de los “Zetas” en San Luis Potosí”.

Y no más de una semana después, se logra la captura, aquí en Saltillo, de un sujeto apodado “El Toto”, Sergio Mora Cortés, jefe del anterior maleante ejecutor del homicidio.

La Justicia en México, no es pareja, ya lo sabíamos, como sabemos que en ningún país de la tierra lo es. Pero existen formas más “civilizadas” de ejecutarla y hay otras que como en esta época se administra en nuestro país, que es para dar vergüenza.

El mensaje parece simple: si para que se haga justicia como dice la Constitución,”pronta y expedita”, hay que ser ciudadano del imperio norteamericano, pues todos querrán ser “usanos”… hasta el límite de la SB 1070 y anexas.

El mexicano, merced a la “tolerancia” de nuestras autoridades, es ciudadano de segunda, no sólo en territorio de los Estados Unidos, ahora también lo es en esta tierra, antaño “de Dios y María Santísima”.

Permítame estimado lector, reiterar hoy mi opinión, que no es otra que el criterio jurídico de un estado que no por nada llegó a conquistar un lugar privilegiado en la historia universal. Los romanos sentenciaron que sólo cuando hay justicia puede darse una sociedad. En cualquiera de sus formas puras, pero ante un orden legal que dé cohesión a la propia sociedad, que crea sus leyes para su autorregulación.

El cambio en nuestro país no ha quedado más que un fenómeno de hibridación, malhecho, contraído, retorcido. ¿O tal vez yo esté equivocado?, no lo creo pues en la Facultad de Derecho se nos dijo que el poder radica en el pueblo. La soberanía de una nación radica en la voluntad de su gente -el pueblo- para que a través de sus leyes y reglamentos que él mismo se expide, dicte la conducta de todos los connacionales.

Lamentablemente aquí no ocurre así. Y tal vez sea por el llamado “estilo personal de gobernar”, lo cierto es que hace unas semanas en una ceremonia conmemorativa del ejército, el Presidente dijo en su discurso que: “El poder en nuestro país radica en el ejército”, lo que explica que, tanto el poder judicial, el legislativo, y ahora hasta el ejecutivo, pasen de facto a un segundo término.

Nos hallamos ante una encrucijada, por un lado la ineptitud e ignorancia de los miembros de la clase política que desde hace décadas exhiben una pobreza intelectual, cultural, profesional y de vocación de servicio en la función de la administración de la cosa pública, por la que cuasi analfabetas, nos representen o administren los recursos de todos los depauperados ciudadanos.

Por otro lado se localiza la perversidad, el oportunismo, la mezquindad, la avaricia de miembros de la estructura judicial en nuestro país, que sí conocen de leyes; que han oído hablar de lo que es y significa la justicia, la equidad y de la aplicación del derecho mediante los filtros pertinentes ante atenuantes y agravantes…, pero que no ejercen con la ética libre de los embates e impulsos de un capitalismo salvaje que ha convertido todo en mercado. Y aunque digan que no, todos, desde un escribano pasando por los ladinos notarios, secretarios, y todos los miembros de la estructura judicial, han caído en la tentación de mercar con la justicia. Eso, ellos lo saben, se le denomina en derecho: Lesión jurídica, que como tantas otras violaciones, han quedado impunes, merced a la ignorancia o tolerancia, de los detentadores de otros poderes, a los que ha sumado ahora el presidente, las fuerzas armadas.

Y para que veamos que no exagero, veamos qué esta sucediendo con la determinación de una juez penal, -parecería que tiene más vocación de vedette- quien acaba de conceder un amparo a Víctor Manuel Reyes Bravo, por el que se ha dictado la suspensión de la exhibición de una película documental “Presunto Culpable”, basada en la petición del mencionado Reyes Bravo a la sazón primo de la supuesta víctima de un sujeto que fue sentenciado y purgó 6 años de encierro hasta que se pudo determinar su inocencia.

El argumento para suspender la proyección de dicho filme es que Reyes Bravo apela a que no se le pidió consentimiento para ser incluido en escenas del documental, como si documentar la realidad requiriera un permiso especial.

El caso es que la trasnochada juez está dando… más que hablar pues se vuelve a enseñar los “choninos” de la mediocridad con la que se administra el derecho en nuestro país.

¿En manos de quién estamos? ¡carajo!